SANTIAGO — La disputa por el Estrecho de Magallanes suma un nuevo capítulo. La nota de protesta que Chile envió a Argentina por el episodio de la semana pasada apunta, en el fondo, a un documento más antiguo: la Directiva de Política de Defensa Nacional de 2021, que el propio gobierno argentino reconoció por escrito en 2025 que contradice los tratados vigentes entre ambos países.

La demora en corregirlo volvió a quedar expuesta este fin de semana, cuando un editorial de La Prensa Austral, el diario de Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, pidió a la Cancillería chilena abandonar lo que definió como una postura reactiva frente al vecino país.

El antecedente en discusión es la Directiva de Política de Defensa Nacional de 2021, dictada durante la gestión de Alberto Fernández, que en uno de sus anexos define al Estrecho de Magallanes y al Mar de Drake como espacios donde resulta necesario fortalecer la exploración, el estudio y el control conjunto. En marzo de 2025, ya con Javier Milei en el poder, la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa argentina admitió por escrito, ante una consulta de la embajada chilena, que esa formulación constituye un error respecto de lo que establecen los tratados, y prometió reemplazarla por una nueva directiva.

Ese texto todavía no se promulgó y el decreto de 2021 sigue formalmente vigente.

El editorial de este domingo exigió avances concretos en dos frentes pendientes: la delimitación de la plataforma continental magallánica y la designación de representantes chilenos en las instancias de conciliación previstas por el Tratado de Paz y Amistad de 1984. También apuntó a una asimetría demográfica que preocupa en la zona: mientras la población argentina al sur de Aysén cuadruplica a la chilena, la ciudad de Ushuaia por sí sola supera los 84.000 habitantes frente a los poco más de nueve mil que tiene la Tierra del Fuego chilena.

Ese tratado de 1984, justamente, es la base jurídica que ambos países invocan hoy. Su firma llegó al cabo de una negociación que empezó en un contexto mucho más tenso: en diciembre de 1978, Argentina y Chile estuvieron al borde de una guerra por la soberanía de las islas Picton, Nueva y Lennox, en el Canal Beagle, con una invasión militar argentina ya en marcha que se abortó horas antes de ejecutarse.

La mediación del Papa Juan Pablo II, iniciada esos mismos días, fue lo que evitó el enfrentamiento y abrió el camino de las negociaciones. El acuerdo final recién se firmó seis años después, en noviembre de 1984, en el Vaticano, en un momento en que la Guerra de Malvinas de 1982 —y la derrota argentina en ese conflicto— todavía estaba fresca y había contribuido a la caída de la dictadura militar y al regreso de la democracia, ya con Raúl Alfonsín como presidente.

El reclamo actual se da apenas unos días después del último round de tensión bilateral: unas declaraciones de un alto mando de la Fuerza Aérea argentina sobre la soberanía en la zona, que motivaron una nota de protesta de Chile y un comunicado de la Cancillería argentina ratificando los tratados de 1881 y 1984.

El propio gobierno argentino reconoció el trasfondo del episodio: fuentes de la Casa Rosada citadas por Infobae admitieron que el conflicto generado por los dichos del militar fue innecesario y que, puertas adentro, hay consenso en que se equivocó. Ambos gobiernos dieron por superado el episodio en pocos días, pero en Santiago sostienen que la controversia de fondo —la vigencia del decreto de 2021— no quedó resuelta con esos gestos.

No es la primera vez que la disputa resurge por esa vía. En enero, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino ya había sostenido que la boca del Estrecho es argentina, lo que también motivó una respuesta desde Santiago. Para buena parte de la clase política chilena, la reiteración de estos episodios revela una postura institucional que no se corrigió del todo, más allá de los comunicados que buscan bajar la tensión cada vez que el tema trasciende.

Ese reclamo llega, además, en la misma semana en que el canciller volvió a poner la soberanía en el centro de su discurso público: este domingo, en una entrevista con La Tercera, Pérez Mackenna sostuvo que la defensa de la soberanía es la principal prioridad de la Cancillería y que en esa materia el Gobierno no va a transar.

El tema podría llegar directamente a la mesa de los dos presidentes: Kast y Milei se reunirán el 3 y 4 de septiembre en Santiago, en el marco del V Encuentro Regional del Foro Madrid, con una bilateral ya prevista entre ambas comitivas.