BUENOS AIRES — “En la Argentina no falta plata, faltan prioridades”. La provocadora afirmación pertenece a Nicolás Massot, economista y diputado nacional, quien participó como invitado de la Cena del Lunes del Círculo Italiano de Buenos Aires.

Su exposición comenzó con una aclaración: “Ser crítico de la actual situación económica e institucional argentina no significa querer volver al pasado, al kirchnerismo, sino que refleja únicamente la sana ambición de mejorar el presente”.

Desde hace pocos días también ciudadano italiano, es licenciado en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella y fue profesor invitado en Yale, donde realizó estudios de geopolítica. Se especializó en desarrollo económico y energético. Fue diputado nacional y presidió el bloque del PRO durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

Actualmente integra la Cámara de Diputados y forma parte de Provincias Unidas, una coalición de centro fundada por los gobernadores de distritos como Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz, que busca presentarse como alternativa tanto al kirchnerismo como a La Libertad Avanza.

Ante los comensales del Círculo, expuso su visión sobre la coyuntura macro y microeconómica del país.

“Tenemos que grabarnos en piedra que el país debe apuntar al equilibrio fiscal —sostuvo—. Pero eso no equivale necesariamente a un superávit. Incluso puede haber momentos muy puntuales en los que resulte aconsejable financiar un déficit”.

Otro aspecto del debate, según Massot, es cómo alcanzar esa meta. “El actual gobierno tomó decisiones legítimas, respaldadas por el mandato popular —aclaró—, pero dejaron ganadores y perdedores muy claros”.

Durante los primeros seis meses de su gestión, el gobierno de Milei aplicó un ajuste equivalente a cinco puntos del PBI. El actual superávit fiscal, del 1,4%, se sostiene sobre aquella medida inicial. “Dos grandes actores lo financiaron”, explicó Massot.

Por un lado, el sistema jubilatorio y previsional en su conjunto, con recortes en las jubilaciones, pero también en los programas de empleo, las asignaciones familiares y las becas para estudiantes secundarios y universitarios. Por otro, la interrupción de las transferencias a las provincias, que provocó el deterioro de las rutas y la descapitalización de la infraestructura.

“Cuando se empiezan a desglosar las partidas que dejaron de recibir las provincias, aparece un dato importante —explicó—. Algunas eran discrecionales y, por lo tanto, el gobierno nacional tenía la facultad de suspenderlas. Otras, en cambio, eran automáticas, pero el Ejecutivo se niega a girarlas, al punto de que se iniciaron litigios con las jurisdicciones. Se trata, por ejemplo, de fondos destinados a educación o al complemento salarial docente. En muchos casos, las provincias debieron sostener con recursos propios las universidades, que deberían financiarse mediante el presupuesto nacional. Y, sobre todo, tuvieron que hacerse cargo de las obras públicas, en particular de las viales”.

Massot señaló que la recaudación impositiva lleva 14 meses en baja, una tendencia que inevitablemente erosiona el superávit fiscal. Los conflictos judiciales vuelven aún más frágil ese “colchón”.

El primero está relacionado con el financiamiento universitario. “Hace un año y medio —recordó el dirigente—, el Congreso impulsó una iniciativa para financiar las universidades. El presidente la vetó y luego fue ratificada con más de dos tercios de los votos, incluidos los de varios legisladores elegidos en las listas de La Libertad Avanza”.

Finalmente, Milei tuvo que promulgar la ley, pero después suspendió su aplicación con el argumento de que no contaba con los recursos suficientes. El Poder Judicial, que debería resolver rápidamente los conflictos entre los otros dos poderes del Estado, todavía no tomó una decisión después de un año.

La segunda disputa se vincula con los impuestos a los combustibles: el 35% de lo recaudado debería destinarse a obras viales. “Gracias a los superpoderes concedidos al gobierno por un Congreso institucionalmente débil, en un país hiperpresidencialista como la Argentina, el Ejecutivo de Milei aumenta constantemente el impuesto a los combustibles, pero no utiliza esos recursos para obras viales, como establece la ley. Al finalizar cada año, los transfiere a gastos generales y los contabiliza en beneficio del superávit fiscal”, afirmó Massot.

En cuanto a la actividad económica, el PBI crece entre un 2% y un 2,5%, pero de manera desigual y con solo cuatro sectores como motores: la minería, que avanzó un 30%; el petróleo y el gas, un 20%; la agroindustria, un 12%; y el área financiera, poco menos del 10%.

“Son las cuatro ramas que impulsan la economía, pero en conjunto representan menos de un tercio del PBI y menos del 20% del empleo formal —observó Massot—. Mientras tanto, otras actividades que requieren mucha mano de obra, como el comercio, la industria y la construcción, están destruyendo puestos de trabajo”.

En definitiva, se presenta una situación paradójica, con indicadores macroeconómicos positivos y una recaudación que avanza en la dirección contraria.

Massot también se mostró muy crítico del RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, al que consideró excesivamente beneficioso en el corto plazo porque “nuestro sistema no resiste un cambio de gobierno: salta por los aires ante cada nueva mayoría”.

Como ejemplo, mencionó a Chile, “donde la alternancia entre la izquierda de Gabriel Boric y la extrema derecha de José Antonio Kast no hizo saltar por los aires todo un sistema”.

Massot no tiene dudas: “La medida macroeconómica y microeconómica más revolucionaria de la Argentina llegará el día en que un presidente decida, a diferencia de todos sus antecesores, proponer unidad y continuidad. Pero cuidado: no una unidad de partido único, sino institucional y cívica”.

Ante la pregunta de cuándo llegará un plan industrial para el país, respondió: “Ya sería mucho tener un plan económico”.