SANTIAGO DE CHILE — El presidente José Antonio Kast confirmó que su Gobierno recibió más de cien solicitudes de indulto, la mayoría presentadas por civiles y militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. El mandatario adelantó que cada pedido se analizará de manera individual y descartó fijar un criterio general para todos los casos.
“Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes”, sostuvo Kast al referirse al tema. Con esa frase buscó despegar la decisión de una lectura política uniforme y encuadrarla, en cambio, como un trámite administrativo que se resuelve expediente por expediente.
El mandatario remarcó además que conceder un indulto no implica anular el fallo judicial que condenó a la persona beneficiada. La distinción no es menor en el debate chileno, donde el indulto suele confundirse con una forma de borrar la responsabilidad penal, cuando en rigor solo modifica el cumplimiento de la pena.
El anuncio llega en un momento sensible para la política de derechos humanos en Chile. Kast, un dirigente que a lo largo de su carrera defendió públicamente al régimen pinochetista, asume ahora la potestad presidencial de resolver sobre condenas que el propio Estado chileno impulsó en las últimas décadas contra responsables de torturas, desapariciones y ejecuciones.
Los pedidos de indulto no son un fenómeno nuevo en Chile, pero la cifra de más de cien solicitudes acumuladas revela la magnitud del reclamo que distintos sectores vienen sosteniendo desde el entorno de los condenados. La respuesta caso por caso, en lugar de una medida general, deja en el propio Presidente la definición final sobre cada expediente.
La noticia se conoce apenas seis meses después de la asunción de Kast, en un contexto en el que su Gobierno ya enfrenta cuestionamientos de la oposición por otras decisiones sensibles en materia de seguridad y derechos humanos. Cómo se resuelvan estos indultos podría convertirse en uno de los puntos de mayor tensión política de su gestión.
