BUENOS AIRES – La universidad pública argentina vuelve hoy a la calle. Es la quinta Marcha Federal desde abril de 2024 y la primera desde que la Justicia declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno de Javier Milei congeló la Ley de Financiamiento Universitario. En Buenos Aires el acto central está previsto para las 16 frente al Congreso, aunque las columnas empezarán a moverse desde las 13.30.

En la Argentina la universidad pública es gratuita y, en la mayoría de las casas de estudio, no tiene examen de ingreso. Por eso el reclamo excede a estudiantes y docentes y suele sumar a familias enteras. Convocan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios de docentes y de no docentes, como se llama en el país al personal administrativo y de servicios.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gremio de los empleados públicos, para 24 horas en todo el país. La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical argentina, concentra a las 15 a pocas cuadras del Congreso, con las otras dos centrales, las CTA, sumadas a la convocatoria. También confirmó su presencia Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal figura opositora del peronismo. El radicalismo, partido con fuerte presencia histórica en las universidades, arma columna propia.

Además, la marcha coincide con una sesión especial que arranca a las 14 en la Cámara de Diputados. Ahí la oposición busca rechazar el DNU 70/2023, el megadecreto de desregulación económica que Milei firmó apenas asumió, en diciembre de 2023. Nación y Ciudad montaron un operativo con vallas y cortes en las avenidas que rodean el Congreso.

En Córdoba la columna partirá a las 15.30 de Ciudad Universitaria rumbo a Plaza España, donde a las 18 se leerá el documento de la jornada con los reclamos de la marcha. En Rosario la cita es a las 15.30 en la plaza San Martín, con acto a las 17 en el Monumento a la Bandera. En Mendoza salen a las 15 del campus de la UNCuyo hacia la plaza Independencia, y en San Juan a las 16.30 desde la Plaza 25 de Mayo.

El reclamo que une a todas estas marchas tiene casi un año. La Ley 27.795, que fija un piso de fondos para las universidades y una actualización de salarios y becas, fue vetada por Milei. En la Argentina el Congreso puede imponer una ley vetada si la vuelve a votar con dos tercios en cada cámara, y eso fue lo que pasó: el Ejecutivo debió promulgarla el 21 de octubre de 2025 mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su aplicación a que se definieran las fuentes de financiamiento.

En diciembre, el juez federal Martín Cormick ordenó por cautelar aplicar los artículos de salarios y becas. El 6 de octubre fue más lejos, declaró inconstitucional el decreto y ordenó ejecutar la ley de inmediato. El Gobierno apeló, y el viernes 9 Cormick concedió el recurso y giró la causa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La cautelar sigue firme. En la víspera de la marcha, el juez le aplicó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una multa de 100.000 pesos por día, unos 65 dólares, por no cumplirla. 

Según los gremios, la ley obliga a una recomposición salarial del 33,4%, y la oferta oficial fue del 3%, que rechazaron. En la Casa Rosada, sede del Gobierno, responden que desde diciembre de 2023 los aumentos acumulan 226,80% y que con eso la cautelar está cumplida.

Chequeado calculó que los salarios universitarios perdieron 24,2% desde 2023 y que el gasto en el sector está 25,3% por debajo de ese año. Bartolacci lo resumió así: “las transferencias al sistema universitario han caído a la mitad”.

La consigna apunta al corazón del discurso oficial. La UBA convoca bajo el lema “Las leyes se cumplen. Siempre”. Es una respuesta a la frase que el oficialismo repitió desde el arranque de la gestión.

En diciembre de 2023, Manuel Adorni, entonces vocero presidencial, la usó para presentar el protocolo antipiquetes, las reglas con las que el Gobierno buscó impedir los cortes de calle en las protestas: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Adorni dejó la función pública en junio, investigado por presunto enrichment ilícito.

El 23 de abril de 2024, la primera marcha fue del Congreso a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, contra el ajuste de fondos. Se pedía actualizar los gastos de funcionamiento, y días antes el Gobierno había anunciado un aumento del 70% en esa partida. No había ley de por medio.

Hoy hay una ley sancionada, una cautelar firme y una sentencia de fondo. La Justicia ya le ordenó cumplirla al Gobierno en nueve oportunidades.

En el Gobierno no hay señales de cambio. En mayo, en la previa de la cuarta marcha, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, el ministerio del que depende Educación, y el subsecretario Alejandro Álvarez fueron tajantes: “La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé unos 7,3 billones de pesos para las universidades, alrededor de 4.700 millones de dólares, y el CIN reclama más de 11 billones, unos 7.100 millones.