BUENOS AIRES – “Fue una muerte anunciada”. Con estas palabras, la fiscalía argentina sintetizó su reconstrucción de la muerte de Diego Armando Maradona y volvió a mostrar en la sala una fotografía del ídolo sin vida.

Al comienzo de los alegatos, después de 45 audiencias y más de 70 testimonios, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren reiteraron que la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, habría sido evitable y consecuencia de una grave negligencia en la atención médica durante su internación domiciliaria en Tigre.

Los familiares de Maradona también estuvieron presentes en el tribunal al inicio de los alegatos. Sus hijas mayores, Dalma y Gianinna, llegaron junto a su madre, Claudia Villafañe, y se sentaron al lado de Verónica Ojeda, otra de las exparejas del ídolo.

Jana Maradona también asistió a la audiencia, acompañada por sus abogados. Las hermanas de Diego, Rita y Laura, estuvieron entre el público, sentadas lejos del resto de la familia.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, los fiscales pidieron 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini, coordinadora del servicio de salud de Swiss Medical, 8 para la psiquiatra Agustina Cosachov, 5 para el psicólogo Carlos Díaz y 4 para cada uno de los siguientes acusados: el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

La fiscalía, en cambio, no solicitó una pena para el médico Pedro Di Spagna, inicialmente involucrado en el proceso.

Antes de formular los pedidos, los fiscales anunciaron que no solicitarían la prisión preventiva de los imputados. Destacaron que siempre se habían presentado a las citaciones judiciales y que no habría motivos para considerar que existiera un riesgo concreto de fuga.

El abogado que representa a Diego Maradona Jr., en cambio, pidió 10 años de prisión para Cosachov y solicitó la detención inmediata de Luque, Forlini y la propia psiquiatra al momento de la lectura de la sentencia.

Antes del inicio de los alegatos, algunos de los imputados habían prestado sus últimas declaraciones ante el tribunal, en las que rechazaron las acusaciones y cuestionaron el papel que se les atribuyó en la atención médica de Maradona.

Luque negó haber sido el médico clínico responsable de la internación domiciliaria y sostuvo que había coordinado distintos aspectos de la asistencia. También afirmó que la muerte del ídolo habría sido provocada por un episodio cardíaco repentino e imprevisible.

Cosachov también negó haber sido la médica de cabecera de Maradona. Explicó que había evaluado la posibilidad de una internación en una institución psiquiátrica, aunque aclaró que el ingreso debía ser voluntario. Además, reconoció que no había leído previamente el acta de alta que firmó junto con Luque y otras personas.

Forlini declaró que se ocupaba de recibir y autorizar las prescripciones médicas. Sostuvo que la propia Cosachov le había indicado que ella y Luque eran los médicos tratantes del ídolo.

En el centro de la acusación está la decisión de trasladar a Maradona a una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, después de la operación a la que había sido sometido por un hematoma subdural.

Según Ferrari, entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, el ídolo habría quedado a cargo de una organización sanitaria desordenada y sin las condiciones necesarias para garantizar una atención adecuada a un paciente con un cuadro clínico complejo. “Lo que debía ser una estructura hospitalaria en una casa nunca existió”, declaró el fiscal, quien describió la internación como “deficiente y temeraria”.

La fiscalía sostuvo que Maradona no estaba en condiciones de recibir el alta hospitalaria y que incluso algunos responsables de la clínica eran conscientes de que la internación domiciliaria no reunía las condiciones adecuadas.

Según la acusación, el acta de alta habría servido principalmente para repartir las responsabilidades, sin garantizar al paciente la atención necesaria. Los fiscales señalaron que en la vivienda faltaban elementos fundamentales, como una cama ortopédica, un desfibrilador, un botiquín de primeros auxilios y una vía venosa colocada. Tampoco había una ambulancia disponible ante una emergencia.

Iribarren recordó que Maradona no era un paciente sano que solo debía recuperarse de una operación, sino una persona con antecedentes de problemas renales, neurológicos, hepáticos y cardíacos, además de una historia de consumo problemático de alcohol. “Era un paciente complejo, con distintas patologías, que necesitaba una evaluación integral”, afirmó el fiscal. Destacó que esas condiciones clínicas ya eran conocidas y estaban documentadas antes de su fallecimiento.

La fiscalía explicó luego que había dividido el período de internación domiciliaria en dos etapas.

Durante la primera semana, Maradona habría presentado un estado relativamente bueno, aunque la atención habría sido insuficiente de todos modos. El paciente no seguía una dieta adecuada, no siempre permitía que los enfermeros lo examinaran y la comunicación entre los distintos profesionales involucrados ya presentaba graves falencias.

La situación habría empeorado drásticamente durante la semana siguiente, entre el 16 y el 24 de noviembre, cuando, según Ferrari, la casa se habría convertido en un lugar sin atención médica efectiva.

Para la acusación, las omisiones durante las últimas horas de vida del ídolo habrían sido especialmente graves.

Ferrari le reprochó al enfermero Almirón haber consignado en las planillas de control que Maradona se encontraba en buenas condiciones la mañana del 25 de noviembre, pese a no haber ingresado a la habitación para examinarlo. Según la acusación, los registros de enfermería habrían sido falsificados.

La reconstrucción de la fiscalía también se apoya en las conclusiones de la junta médica que examinó el caso. Los fiscales señalaron cuatro elementos principales: la atención inadecuada, la falta de condiciones apropiadas para la internación domiciliaria, el deterioro progresivo de las funciones cardíacas, hepáticas y renales, y una larga agonía antes de la muerte.

Antes de formular los pedidos de pena, Ferrari señaló a Luque y Forlini como las dos personas que, según la fiscalía, habrían tenido las mayores responsabilidades en la atención médica de Maradona.

Al neurocirujano, considerado por la acusación como el médico de referencia del ídolo, se le reprochó no haber solicitado los estudios necesarios, no haber actualizado debidamente la historia clínica y no haber organizado el traslado a una institución especializada, pese a la complejidad del cuadro de salud.

Según Ferrari, Luque también habría ignorado los signos de insuficiencia cardíaca, incluidas las reiteradas referencias a la hinchazón del paciente.

Forlini, por su parte, en su función de coordinadora de la cobertura médica, no habría verificado si la vivienda reunía las condiciones adecuadas, ni confeccionado una historia clínica completa, ni compartido con los enfermeros la información necesaria para garantizar la continuidad de los cuidados.

A la psiquiatra Agustina Cosachov, la acusación le reprochó no haber organizado la internación en una institución especializada, no haber controlado adecuadamente la administración de psicofármacos y haber ignorado los signos de insuficiencia cardíaca.

El psicólogo Carlos Díaz, en tanto, habría excedido sus competencias profesionales, avalado el alejamiento de los acompañantes terapéuticos y ocultado a los familiares el verdadero estado de salud del ídolo, al impedirles verlo.

Al coordinador de enfermería Mariano Perroni, la fiscalía le reprochó la falta de supervisión del personal, la ausencia de controles sobre la atención efectivamente brindada y no haber adoptado medidas adecuadas ante las advertencias de riesgo. Ferrari también sostuvo que Perroni habría participado en la falsificación de las planillas de enfermería.

Por último, el enfermero Ricardo Almirón, para quien se solicitaron cuatro años de prisión, está acusado de no haber reconocido los síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca, de haber registrado controles que no se habrían realizado y de no haber verificado los signos vitales. Según la acusación, esos controles podrían haber permitido una intervención a tiempo.

Con los pedidos de pena, la fiscalía expuso su interpretación de los hechos que llevaron a la muerte de Maradona. Sostuvo que las omisiones en la atención y la falta de respuesta ante los signos de alarma tuvieron un papel determinante.

Ahora será el turno de las defensas de presentar sus argumentos y del tribunal de evaluar las pruebas antes de pronunciarse sobre las responsabilidades penales de los imputados.