BUENOS AIRES — La Argentina presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, un pedido de medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Así lo informó la Oficina del Presidente en un comunicado firmado por Javier Milei, un día después de que venciera el plazo que Buenos Aires le había dado a Londres para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.

Según el texto oficial, la solicitud busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que actividades que el Gobierno considera unilaterales e ilegales agraven una controversia reconocida por las Naciones Unidas. El comunicado cierra con las misma frase que el Gobierno usó en comunicados anteriores: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

La presentación es el paso que la Casa Rosada había anticipado. El 28 de septiembre, Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar, y el canciller Pablo Quirno notificó formalmente a Londres.

La advertencia fue explícita: si en dos semanas no se frenaba la explotación, la Argentina acudiría a Hamburgo. El plazo venció el lunes 12 sin cambios en la postura británica, que defiende las actividades autorizadas por las autoridades de las islas.

Para entender el alcance del pedido hay que distinguir dos instancias. La Convemar prevé un tribunal arbitral de cinco miembros que resuelve el fondo de la controversia, pero cuya conformación y trámite pueden demorar años. Mientras ese órgano no esté constituido, el artículo 290 del tratado permite que cualquiera de las partes solicite al tribunal de Hamburgo medidas de urgencia para preservar sus derechos o evitar daños graves al medio marino. Si los jueces las conceden, su cumplimiento es obligatorio para ambas partes.

El camino tiene, sin embargo, un límite claro: el tribunal no decide sobre soberanía. El planteo argentino deberá apoyarse en obligaciones vinculadas con los recursos del mar y del lecho marino, sin pedir a los jueces que se pronuncien sobre a quién pertenecen las islas. Es probable que Londres apunte justamente a ese flanco para objetar la competencia del tribunal.

El yacimiento en disputa fue descubierto en 2010 por la británica Rockhopper Exploration, que conserva el 35% del proyecto. El 65% restante pertenece a la israelí Navitas Petroleum, que actúa como operadora. Ambas empresas tomaron a fines de 2025 la decisión final de inversión y fijaron como meta el inicio de la producción en el primer trimestre de 2028. El desarrollo se ubica a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.

La ofensiva oficial ya había tenido un capítulo comercial. La Oficina del Presidente informó semanas atrás que la estadounidense Halliburton no prestará servicios a Sea Lion, y Navitas respondió que reemplazará a los contratistas afectados sin un perjuicio relevante para el proyecto.

La Argentina conoce el terreno. En 2012, cuando la Fragata Libertad quedó retenida en Ghana por un reclamo de acreedores, el país recurrió al mismo tribunal y obtuvo en pocas semanas una orden de liberación inmediata. El órgano tiene 21 jueces, entre ellos la argentina Frida María Armas Pfirter, elegida vicepresidenta el 1 de octubre. No hay magistrados británicos, aunque el Reino Unido puede designar un juez ad hoc para el caso.

Ahora el tribunal deberá escuchar a ambas partes y evaluar su propia competencia antes de resolver. Nada garantiza que acepte el pedido ni que lo haga en los términos que reclama Buenos Aires.