BUENOS AIRES — El presidente Javier Milei encabezó este jueves un mensaje por cadena nacional en el que presentó un paquete de decisiones destinadas a reforzar la posición argentina frente al Reino Unido en torno a las Islas Malvinas. El mandatario fue tajante: “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho”, sostuvo, y agregó que “no hay discusión al respecto”.

La medida más inmediata es la aceleración de sanciones —previstas por la Ley 26.659 de 2011— contra compañías, accionistas, directivos y proveedores involucrados en proyectos de explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin permiso de las autoridades argentinas.

Según el mandatario, la Cancillería ya remitió unas 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las islas.

La medida responde en particular al proyecto petrolero offshore Sea Lion, a cargo de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación podría arrancar “en algún momento de los próximos meses”. Milei advirtió que, si el país no actúa con firmeza y celeridad, las empresas tendrán “la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.

El mandatario agregó que ese avance podría funcionar como un incentivo para que el Reino Unido “profundice la ocupación de las islas y la explotación de los recursos argentinos”.

Milei fue explícito respecto de qué margen tendrán las compañías que decidan operar en el archipiélago: deberán elegir, dijo, entre “una puesta ilegal, en un territorio disputado” y “una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”.

En el plano militar, el Presidente anunció un decreto de necesidad y urgencia para ampliar el presupuesto de Defensa, con la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia como prioridad.

Según el mandatario, la obra permitirá convertir a la Argentina en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y será clave para la proyección geopolítica del país, además de incrementar las capacidades nacionales en telecomunicaciones.

A esto se suma el envío al Congreso —“con carácter urgente”, según sus palabras— de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que endurecerá las penas de la Ley 26.659 y ampliará las restricciones a proveedores vinculados con operaciones no autorizadas.

La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de definir una política “obligatoria y transversal” para todo el Estado, que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Ese organismo tendrá además competencias sobre protección de infraestructura crítica y seguridad aeroespacial y marítima, con herramientas económicas y diplomáticas para responder ante actores estatales o no estatales que el Gobierno considere una amenaza.

El reclamo argentino por Malvinas no es nuevo ni surgió con Milei: viene de larga data. Argentina y Gran Bretaña libraron una guerra por las islas en 1982, que terminó con la derrota argentina y dejó un saldo de 649 soldados argentinos muertos.

Pero el litigio diplomático es anterior: se remonta a 1833, cuando una fuerza británica desalojó a las autoridades argentinas del archipiélago.

Desde entonces, Buenos Aires reclama la soberanía por vía diplomática, con el respaldo de sucesivas resoluciones de la ONU —la primera, en 1965— que reconocen la existencia de una disputa territorial pendiente de resolución.

Un punto central de la controversia es el argumento de la autodeterminación, que el Reino Unido invoca para sostener que los isleños tienen derecho a decidir su propio estatus —posición que refuerza con el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes eligió seguir siendo territorio británico de ultramar—.

Argentina rechaza ese planteo y cuenta con el respaldo del Comité de Descolonización de la ONU, que nunca incorporó la autodeterminación en sus resoluciones sobre Malvinas: en 1985, la Asamblea General llegó a rechazar dos intentos británicos de incluirla. El argumento de fondo es que los habitantes actuales no constituyen un pueblo colonizado, sino una población implantada por la potencia ocupante tras la expulsión de los pobladores argentinos en 1833, por lo que no aplicaría el mismo criterio que en otros procesos de descolonización clásicos.

El anuncio de Milei se produce en un contexto particular: esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al sugerir que Washington podría revisar su histórico respaldo a Londres en el diferendo por las islas. Consultado el lunes en el Salón Oval sobre si su gobierno estaba reevaluando la postura norteamericana sobre las Malvinas, Trump respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”. Fue la primera vez que se pronunció en ese sentido sobre la posición de Estados Unidos en el diferendo.

Esa declaración se produjo después de que el diario británico The Telegraph revelara que, dentro del Pentágono, se evalúa usar la postura sobre Malvinas como forma de presión para que el Reino Unido eleve su gasto en Defensa al 5% del PBI que pretende Trump para los países de la OTAN. El jueves, tras el anuncio de Milei sobre la difusión de una cadena nacional por la Cuestión Malvinas, Trump volvió a ser consultado sobre el tema y evitó responder si continuaría apoyando a Londres; sobre la guerra de 1982, dijo que a los británicos “aún queda mucho camino por recorrer”, sin dar mayores precisiones.

Milei calificó los primeros dichos de Trump como algo “muy fuerte” para la causa Malvinas, lo que alimenta la lectura oficial de que el discurso de este jueves capitaliza una ventana de oportunidad diplomática. Todavía no está claro, sin embargo, hasta dónde llega ese respaldo estadounidense ni si se traducirá en gestos concretos. 

Buena parte de lo anunciado no es enteramente nuevo: se trata, en rigor, de la aceleración de mecanismos sancionatorios contemplados desde 2011 por la Ley 26.659. Lo llamativo es el cambio de énfasis. Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Milei mantuvo una postura diplomática cooperativa y hasta complaciente con el Reino Unido en torno al Atlántico Sur, actitud que evitó impulsar sanciones o medidas de confrontación durante los primeros casi tres años de mandato.

En el oficialismo se interpretó que Malvinas es un tema que conecta con la sociedad. Desde mediados de julio se percibe una “malvinización” más intensa de la opinión pública —más allá de que el sentimiento por la causa siempre estuvo latente—, un clima alimentado en parte por el desempeño de la Selección argentina de fútbol. No es un dato menor en un contexto en el que las encuestas muestran una caída en la imagen del Gobierno y evidencian el descontento de un sector importante del electorado, independientemente del contenido de los discursos presidenciales.

En ese sentido, buena parte del contenido del mensaje presidencial —la firmeza del reclamo, la crítica a la explotación unilateral de recursos— es algo que gran parte del arco político y social viene reclamando escuchar desde hace años, más allá de los matices que puedan existir sobre las medidas concretas que se piensan implementar.

Al mismo tiempo, resulta difícil no advertir la tensión entre este discurso y otros pronunciamientos del propio Milei, que en el pasado elogió a Margaret Thatcher, la primera ministra británica que condujo la guerra de 1982 contra la Argentina. Ese contraste alimenta las lecturas que interpretan el anuncio como una jugada defensiva en un contexto de desgaste político, un recurso al que —guardando las diferencias históricas y de magnitud— también apeló la dictadura militar en 1982, cuando la conducción de Leopoldo Galtieri decidió la guerra en medio de una crisis de legitimidad interna.