ROMA – El gobierno sigue adelante. Se presentó en el Parlamento el proyecto de ley para convertir en ley el decreto n.º 36/2025, que introduce cambios importantes en la normativa sobre el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia (iure sanguinis).
El proyecto ahora está siendo analizado por las comisiones parlamentarias y será debatido en los próximos días, con posibilidad de introducir modificaciones antes de su aprobación definitiva.
Mientras tanto, el Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) también hizo oír su voz.
En un comunicado oficial, el órgano representativo de los italianos e ítalo-descendientes en el exterior expresó su disposición a participar activamente en el proceso. “Estamos listos para cumplir nuestro rol – se lee en la nota difundida por la oficina de prensa –. En todo el mundo, nuestros consejeros, al igual que los de los CÓMITES, están en contacto con nuestras comunidades, muy afectadas por la aplicación del decreto-ley.”
El CGIE ya había identificado la reforma de la ciudadanía como una prioridad para la agenda del primer semestre de 2025, subrayando “la necesidad de fortalecer una ciudadanía consciente”.
Sin embargo, la introducción del decreto por vía de urgencia aceleró fuertemente el debate. Por este motivo, el Comité de Presidencia del CGIE se reunió en Roma el 31 de marzo, iniciando conversaciones con el subsecretario de Relaciones Exteriores Giorgio Silli, el director general de la Dirección General para los Italianos en el Exterior (DGIT) Luigi Maria Vignali, las comisiones de Asuntos Exteriores de Diputados y Senado, y los bloques parlamentarios, con el objetivo de obtener aclaraciones y compartir las preocupaciones de los connacionales.
El Consejo subrayó especialmente la necesidad de revisar algunos puntos críticos del texto. Uno de ellos es el nuevo requisito que establece que el antepasado con ciudadanía italiana debe haber nacido en Italia o haber residido allí al menos dos años consecutivos antes del nacimiento del solicitante.
“Esta medida, sumada a la limitación a solo dos generaciones –completamente opuesta a la normativa vigente hasta 24 horas antes– representa un cambio que no solo genera confusión entre los connacionales en el mundo por la incertidumbre sobre el destino de quienes ya nacieron, sino que también pone en riesgo el vínculo futuro del país con sus comunidades en el exterior”, advierte el CGIE.
El tratamiento parlamentario para convertir en ley el decreto será, entonces, un momento clave para evaluar posibles modificaciones, teniendo en cuenta las demandas de las comunidades italianas en el mundo y las observaciones de sus órganos de representación.
