LA PAZ - Mauricio Medinaceli, extitular del Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, pasó esta semana de una detención en las celdas de la policía anticorrupción a la prisión domiciliaria. La Justicia le fijó una fianza de 100.000 bolivianos y la obligación de presentarse todas las semanas ante la Fiscalía.

La resolución llegó de la mano del Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz, apenas tres días después de que Medinaceli fuera aprehendido, esposado, y trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Ahí quedó detenido mientras esperaba la audiencia cautelar que terminó definiendo su situación judicial.

Pocos funcionarios bolivianos tuvieron una trayectoria tan breve y tan accidentada como la de Medinaceli. Asumió el 9 de noviembre de 2025 y, apenas un día después, ya estaba subido a una caravana de camiones cisterna junto al presidente Rodrigo Paz, en un acto pensado para mostrar que la crónica escasez de combustible en el país había llegado a su fin.

Cinco meses más tarde, en abril de 2026, fue él mismo quien llevó al Congreso un proyecto de ley para reformar el régimen tributario de las petroleras. La iniciativa incluía rebajas impositivas y mayores incentivos para atraer capitales extranjeros y frenar la caída de la producción de gas y petróleo del país.

Pero el mismo mes en que presentaba esa reforma, la crisis que terminaría hundiéndolo ya estaba en marcha. Desde febrero, gremios de choferes venían denunciando fallas mecánicas que atribuían a la mala calidad de la nafta distribuida por la petrolera estatal YPFB, un problema que la prensa local bautizó como "gasolina basura" o "gasolina desestabilizada".

El 21 de abril, en medio de protestas y bloqueos de transportistas en La Paz y El Alto, Paz lo reemplazó por el actual ministro, Marcelo Blanco.

El expediente que terminó en la orden de arresto se apoya en un informe de una comisión especial de Diputados que reconstruyó cómo se gestionó la crisis desde adentro. Según ese documento, durante la gestión de Medinaceli el ministerio autorizó, mediante una resolución, la reapertura de cinco tanques de almacenamiento que habían sido clausurados por sospechas de contener combustible en mal estado.

El informe también sostiene que, ante la disyuntiva entre sostener el abastecimiento y garantizar controles de calidad, el Gobierno optó sistemáticamente por lo primero. Para eso apeló a decretos y trámites de urgencia que permitieron importar combustible sin cumplir con los estándares mínimos exigidos.

Según reconstruyó el sitio boliviano Datos-Bo, los controles de laboratorio habrían sido reemplazados por simples resoluciones administrativas. Eso impidió detectar a tiempo el exceso de goma y manganeso en los tanques, los componentes que terminaron dañando los motores de los vehículos.

El fiscal anticorrupción David Torrez fue quien firmó la orden de aprehensión, argumentando que existen indicios suficientes de la participación de Medinaceli en delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El informe parlamentario no lo salpica en soledad: también nombra al expresidente Luis Arce, al exministro Alejandro Gallardo y a extitulares de YPFB, entre ellos Armin Dorgathen y Yussef Alcocer.

La dimensión del daño quedó documentada en cifras oficiales de YPFB: hasta junio, la petrolera estatal había recibido más de 70.000 reclamos de conductores por vehículos afectados. Otro relevamiento periodístico boliviano eleva esa cifra a unos 66.000 autos dañados.

El Gobierno, según pudo saberse, ya desembolsó unos 20 millones de bolivianos —cerca de 1,76 millones de dólares— para compensar a los propietarios afectados. Como parte de la limpieza política que siguió al escándalo, el Ejecutivo dio de baja los contratos de suministro que tenía con las comercializadoras internacionales Vitol y Trafigura, apuntadas por los problemas de calidad del combustible que importaban.

El reacomodamiento no se limitó a las alturas del organigrama. De acuerdo con Infobae, unos 300 empleados de distintas áreas del sector energético terminaron desvinculados en el marco de lo que las propias autoridades bolivianas describieron como una "mano negra" en la mezcla de los carburantes.

Legisladores de la oposición insisten en que la causa no debería quedar acotada a Medinaceli. El diputado Carlos Alarcón, de Alianza Unidad, sostuvo que la comisión investigadora tiene la mira puesta también en otros exfuncionarios y exdirectivos de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que intervinieron en los procesos de compra e importación de combustible.

Pese al recambio de nombres —con Blanco al frente del ministerio desde abril, más los cambios en la cúpula de YPFB y la ANH—, Bolivia sigue sin resolver de fondo el problema del abastecimiento regular de combustible. El país enfrenta además faltantes de diésel, filas en los surtidores y el impacto social de la eliminación del histórico subsidio a los combustibles líquidos.

La ironía de fondo persiste: el funcionario que iba a convencer al mundo de que Bolivia era terreno fértil para invertir en petróleo y gas terminó siendo, meses después, uno de los símbolos más visibles de la crisis energética que ese mismo Gobierno no logra controlar.