BUENOS AIRES - El Gobierno argentino formalizó el envío al Congreso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), horas después de que el presidente Javier Milei expusiera sus ejes centrales en un mensaje grabado emitido por cadena nacional la noche del jueves 30 de julio.

El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a convertirlo en ley durante agosto.

En su alocución, Milei calificó la iniciativa como una de las reformas estructurales más relevantes desde la creación del organismo en 1935 y apuntó contra el financiamiento del gasto público vía emisión monetaria, al que definió como una forma de estafa mediante el llamado impuesto inflacionario. El mandatario citó la inflación acumulada desde la fundación del Central —una cifra de veinte dígitos— para justificar la urgencia del cambio normativo.

El texto enviado a Diputados se ordena en seis ejes. El primero redefine el objetivo del organismo, que pasará a concentrarse en preservar el valor de la moneda, dejando de lado los fines de empleo y desarrollo económico con equidad social que había incorporado la reforma de 2012, bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont.

Otro eje busca blindar al presidente del Central y a su directorio frente a las presiones políticas: aunque el mecanismo de designación no se modifica, la remoción pasará a requerir el aval de dos tercios tanto del Senado como de Diputados.

También se restringe el reparto de dividendos derivados de la liquidez y se crean reservas técnicas no distribuibles para los resultados por tenencia de activos.

Un quinto punto ordena destinar parte de los resultados del ejercicio, mientras sigan pendientes de cancelación las letras intransferibles y los adelantos transitorios al Estado, exclusivamente a saldar esas deudas.

El sexto eje apunta a modernizar el marco operativo del Banco y fortalecer el régimen jurídico de sus reservas internacionales.

La reforma se presentó como parte de un paquete más amplio que incluye el "Grillete Fiscal" —un mecanismo que dispararía un apagado parcial de áreas del Estado si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses consecutivos— y cambios en el mercado de capitales y en el régimen de seguros, estos últimos aún no formalizados.

En el plano legislativo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, confían en reunir los votos necesarios: 129 en Diputados y 37 en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios, por lo que necesita el respaldo de 34 legisladores de otros bloques.

El cálculo oficial contempla sumar a los 22 integrantes de Fuerzas del Cambio (PRO, radicales, MID y aliados provinciales), a los 11 de Innovación Federal y a otros bloques dialoguistas. El cronograma se empezará a definir esta semana, cuando el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, se reúna con las bancadas aliadas para acordar si el tratamiento se concentra en una sesión especial o se reparte en dos, tentativamente el 19 y el 26 de agosto.

La reforma podría tratarse en conjunto con otras dos iniciativas oficialistas: la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal y el proyecto de Súper RIGI.

Un antecedente pendiente ilustra la tensión institucional que la reforma busca resolver: la designación de Santiago Bausili al frente del BCRA, vigente desde 2023, todavía no fue tratada por el Senado y el funcionario ejerce el cargo en comisión, una situación habitual en la historia reciente del organismo.