MADRID/ROMA – Más de 50 mil personas cruzaron en pocas horas la frontera entre Marruecos y Ceuta, la ciudad autónoma española en el norte de África, el jueves 30 de julio. Una semana después, ese episodio sigue sin resolverse del todo y ya provocó un fuerte cruce diplomático entre Roma y Madrid, la suspensión italiana del tratado de Schengen y una reunión de urgencia de los ministros del Interior de la Unión Europea.

Las cifras sobre la magnitud del cruce varían según la fuente: el diario español El País habló de más de 40 mil ingresos irregulares concentrados en pocos días, mientras que otras fuentes locales llegaron a hablar de hasta 50 mil. Se trató del episodio más grave registrado en la zona desde mayo de 2021, cuando se habían producido 10 mil ingresos en 48 horas. Buena parte de los migrantes llegó a nado o en gomones, y las calles de la ciudad —de apenas 83.600 habitantes— se convirtieron por momentos en un dormitorio a cielo abierto. La ola migratoria alcanzó también a la otra enclave española en el norte de África, Melilla.

El costo humano fue creciendo día a día, desde los primeros 24 muertos confirmados hasta que, según la última actualización de la agencia ANSA, del domingo 3, la cifra llegó a 73 cadáveres identificados del lado español.

Esa cifra sí abrió una disputa puntual con Marruecos: un funcionario de Ceuta remarcó los 73 identificados frente a la versión marroquí, que solo reconocía siete víctimas de su lado. A esto se suma una discrepancia de otro tipo: la Asociación Unificada de la Guardia Civil —un sindicato policial, no una fuente oficial del gobierno— llegó a hablar de unas 100 muertes.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido como “un ataque” y “una violación de la integridad territorial” de España, y viajó a la ciudad para reunirse con las autoridades locales. El gobierno marroquí, por su parte, rechazó cualquier responsabilidad y apuntó a un fallo reciente del Tribunal Supremo español —que prohíbe las devoluciones inmediatas de quienes llegan nadando— como el factor que habría generado, según su lectura, una interpretación errónea entre los migrantes de que el ingreso a nado garantizaba evitar la repatriación.

La crisis no tardó en cruzar la frontera política. Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni fue la voz más dura: calificó las imágenes llegadas desde Ceuta como una prueba de que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza para la seguridad de las fronteras europeas, y anunció que evaluaría, junto al ministro del Interior Matteo Piantedosi, medidas extraordinarias.

La amenaza se concretó el 31 de julio: en un posteo en sus redes sociales, Meloni confirmó que el gobierno había decidido “sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen” con España en los enlaces marítimos y aéreos, y calificó la medida de “misura straordinaria” para tutelar la seguridad nacional. El cierre rige desde el 1° de agosto, con controles selectivos sobre pasajeros de países no comunitarios.

El canciller Antonio Tajani respaldó la decisión en su propia cuenta de X, donde la definió como “una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini”, amparada, según remarcó, en los tratados europeos. Finlandia, por boca de su ministra del Interior, Mari Rantanen, evaluó una medida similar.

La decisión abrió una grieta política puertas adentro de Italia. Giuseppe Conte, del M5S, habló de una “prueba muscular contra un país europeo” y calificó la medida de “vergonzosa”. Carlo Calenda la definió como “una ocurrencia electoral inútil”, mientras que Matteo Renzi acusó a Meloni de haber intentado “seguirle el juego a Vannacci” en un momento en que un país europeo necesitaba solidaridad. También criticó la medida Angelo Bonelli, quien acusó a la premier de especular políticamente con la crisis, mientras que Riccardo Magi remarcó que, pese al endurecimiento, no hubo “ningún detenido en las fronteras italianas”.

Del otro lado, el propio Tajani aseguró que no se había detectado a nadie sin autorización para ingresar al país, Matteo Salvini calificó el cierre de fronteras como “sentido común”, y Carlo Fidanza, jefe de la delegación de Fratelli d’Italia en el Parlamento Europeo, sostuvo que Madrid está “cada vez más aislada”.

Desde España, la respuesta fue igual de contundente. El canciller José Manuel Albares acusó directamente al gobierno italiano de no haber estado “a la altura” de la emergencia, y recordó que Italia sigue siendo el país con mayor número de ingresos irregulares en Europa. En una entrevista en la televisión pública española, Albares defendió además la cooperación marroquí en materia de repatriaciones y denunció lo que calificó de “campaña de desinformación” sobre el estado del espacio Schengen, impulsada, a su entender, por sectores de derecha europeos.

El Ministerio del Interior italiano respondió con sus propios datos, remarcando una caída del 55% en los desembarcos irregulares respecto del año anterior y del 82% respecto de 2023.

Ante la magnitud de la crisis, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convocó una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la Unión Europea para el martes 4 de agosto. El encuentro responde a una carta impulsada por Italia y Dinamarca y firmada por otros 22 países, entre los que no figuran Francia ni Portugal —los dos únicos Estados que comparten frontera terrestre con España— ni tampoco España o Irlanda, que ejerce la presidencia rotativa de turno.

El papa León XIV se sumó a los pedidos de pacificación con un mensaje en español desde el Vaticano, mientras que en España el líder de Vox, Santiago Abascal, pidió la “militarización permanente” de la frontera de Ceuta.

De cara a esa cumbre, Meloni redobló la apuesta este lunes: entre las propuestas que baraja el gobierno italiano figura la posibilidad de extender el “modelo Albania” —los centros de detención y trámite migratorio que Roma ya opera en ese país— a nuevos centros en el continente africano, financiados por la Unión Europea, para la repatriación de migrantes irregulares.

La lista de países en danza incluye a Etiopía, Egipto, Uganda, Ruanda, Ghana, Senegal, Túnez, Libia y Mauritania. Según fuentes de gobierno, se trata del “próximo paso”, aunque no se esperan definiciones concretas en el corto plazo.