BRASILIA — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó el jueves 29 de octubre a María Emilia Cortés, encargada de negocios y máxima autoridad de la embajada argentina en Brasilia, para pedirle información sobre el papel del gobierno de Javier Milei en la salida del senador Flávio Bolsonaro, que dejó el país pese a una prohibición judicial y llegó a Miami tras pasar por territorio argentino. La convocatoria, revelada por el portal UOL y confirmada después por CNN Brasil y Metrópoles, se resolvió en una reunión de pocos minutos con João Marcelo Galvão de Queiroz, el embajador que tiene a su cargo los asuntos regionales en la cancillería brasileña.

Según fuentes diplomáticas citadas por Infobae, Brasilia evitó darle al encuentro el tono de una reprimenda. Cortés no fue recibida por la cúpula del ministerio, y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva buscó que el episodio no se transformara en una pelea partidaria. El pedido apunta, de todos modos, a una pregunta concreta: si funcionarios de la Casa Rosada colaboraron con el traslado del senador.

Flávio, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, perdió el balotaje del domingo 25 de octubre frente a Lula, que obtuvo el 51,74% de los votos contra el 48,26%. Horas después, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes canceló su pasaporte brasileño, le prohibió salir del país y le dio 24 horas para entregar cualquier documento de viaje de otra nacionalidad, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas. El senador no cumplió con la orden.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones argentina, el martes 27 a las 22.50 Flávio cruzó junto a su esposa y sus dos hijas el puente Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Cuarenta minutos más tarde, la familia subió a un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Guayaquil, en Ecuador, desde donde siguió viaje a Miami. El diario O Globo informó que el senador ingresó a la Argentina con pasaporte italiano, un dato que el organismo no confirmó. Migraciones se limitó a señalar que presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales.

Esa es también la línea oficial del Gobierno, que por boca de Diego Santilli sostuvo que el tránsito fue legal porque no existía una alerta de Interpol. Infobae, en cambio, publicó que la administración de Milei coordinó la operación y que fue la propia Casa Rosada la que sugirió la salida por Iguazú. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó a la Cancillería, a Migraciones y a las fuerzas federales que informen sobre los movimientos del senador en el país, a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano. El diputado Esteban Paulón presentó otra contra Milei, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien los denunciantes sitúan en Puerto Iguazú esa noche, algo que hasta ahora no está probado.

La convocatoria recayó en una encargada de negocios, y no en un embajador, porque la relación entre los dos socios principales del Mercosur está deteriorada desde mediados de año. El 25 de julio, Milei participó en San Pablo del lanzamiento de la candidatura de Flávio y se refirió a Lula como “ladrón” y “presidiario”, además de insultar a Moraes. Al día siguiente, Itamaraty llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al embajador argentino, Daniel Raimondi, para pedirle explicaciones. El canciller brasileño, Mauro Vieira, calificó los dichos de Milei de “ríspidos, groseros e inaceptables”.

El llamado a consultas es una herramienta diplomática por la cual un gobierno le ordena a su embajador que regrese a la capital para informar sobre un conflicto. Suele ser el primer escalón ante un malestar entre dos países, y puede anticipar el retiro del representante o, en casos extremos, una ruptura. El 4 de agosto, después de que Milei repitiera sus críticas a Lula en una entrevista televisiva, Brasil resolvió que Bitelli no volvería y que su embajada en Buenos Aires quedaría a cargo de un encargado de negocios, una categoría inferior a la de embajador. La Cancillería argentina lamentó la decisión, a la que calificó de unilateral y atribuyó a motivos ideológicos, y Raimondi dejó Brasilia ese mismo mes. Desde entonces, las dos embajadas funcionan sin titular.

Según fuentes citadas por Bloomberg y recogidas por Infobae, la dureza de las medidas de Moraes contra Flávio generó malestar incluso dentro de la campaña de Lula. Para Brasilia, la respuesta argentina y lo que surja de la investigación judicial en Buenos Aires definirán si el pedido de explicaciones queda como un trámite protocolar o se suma a la lista de agravios de una crisis que lleva más de tres meses.