BUENOS AIRES – La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedó en el centro de un nuevo conflicto por el ajuste en el Estado luego de que decenas de trabajadores fueran notificados de la no renovación de sus contratos. La medida motivó una protesta en la sede central del organismo, en el barrio porteño de Núñez, que terminó con un operativo de Gendarmería Nacional y momentos de fuerte tensión.
La conducción de la CNEA confirmó que no renovó 61 contratos de personal incorporado bajo la modalidad de plazo fijo. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) sostienen que el número de afectados es mayor y estiman que podría superar el centenar, e incluso llegar a 170 personas si se contabilizan otras dependencias del organismo.
Según denunciaron los trabajadores, muchos se enteraron de la finalización de sus contratos a través del sistema interno de Gestión Documental Electrónica (GDE), sin una comunicación previa.
Tras conocerse las notificaciones, empleados y representantes gremiales iniciaron una permanencia en la sede de Avenida del Libertador para reclamar la reincorporación de los cesanteados y exigir explicaciones a las autoridades.
Durante la protesta intervino Gendarmería Nacional. Los efectivos ingresaron al edificio y montaron un cordón de seguridad, lo que derivó en forcejeos y momentos de tensión con los manifestantes.
Los gremios denunciaron que se trató de una represión contra una protesta pacífica, mientras que la conducción de la CNEA sostuvo que la fuerza actuó para resguardar a las autoridades y las instalaciones frente a una ocupación del edificio.
El conflicto se produjo el mismo día en que el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que la estructura administrativa de la CNEA fue reducida un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos, como parte del proceso de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno nacional.
El presidente de la CNEA, Martín Porro, afirmó que las desvinculaciones corresponden exclusivamente a contratos temporarios incorporados durante 2023 y aseguró que no fueron afectados investigadores, operadores licenciados ni personal científico considerado estratégico. Según explicó, la decisión forma parte de un proceso de modernización de la estructura del organismo.
Los sindicatos rechazan esa versión. Sostienen que entre los trabajadores alcanzados por la medida hay profesionales, técnicos y personal especializado que participa en áreas consideradas críticas para el desarrollo nuclear argentino, incluidos proyectos como el reactor modular CAREM. También cuestionan la falta de diálogo con las autoridades y anunciaron nuevas movilizaciones mientras reclaman la reincorporación de los trabajadores afectados.
