BUENOS AIRES – El Gobierno nacional anunció lo que presenta como un hito para el sector energético: la construcción de un nuevo reactor nuclear modular financiado íntegramente con capitales privados, con una inversión estimada en US$1.200 millones.

Para la administración de Javier Milei, se trata del primer gran proyecto vinculado al denominado "Super RIGI", el nuevo régimen de incentivos para inversiones en industrias estratégicas.

Por ahora, sin embargo, la iniciativa sigue siendo una promesa. El régimen especial que otorgaría beneficios fiscales y cambiarios a los inversores solo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y todavía debe ser tratado por el Senado. Además, el reactor deberá recibir la aprobación del Ministerio de Economía y la licencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear antes del inicio de las obras.

El anuncio fue encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, y el CEO de Meitner Energy, Teófilo Lacroze. La empresa estadounidense financiará el emprendimiento exclusivamente con capital privado, sin aportes económicos del Estado.

El proyecto contempla la construcción del ACR-300, un pequeño reactor modular (SMR, por sus siglas en inglés) de tercera generación avanzada, con una capacidad cercana a los 300 megavatios eléctricos. Según el Gobierno, el diseño fue desarrollado por ingenieros argentinos y constituiría la primera aplicación comercial en el mundo de esta tecnología, creada por Invap, la empresa tecnológica con sede en Bariloche reconocida por el desarrollo de reactores de investigación y exportaciones de alta tecnología.

La central estaría ubicada en el complejo nuclear Atucha, en la localidad bonaerense de Lima, donde ya funcionan Atucha I y Atucha II. De concretarse, sería la cuarta central nuclear del país y la primera construida íntegramente con inversión privada.

Detrás de Meitner Energy se encuentra el Grupo Ansari, controlado por el empresario estadounidense de origen iraní Hamid Ansari, con actividad en los sectores tecnológico y de telecomunicaciones. El acuerdo prevé que Nucleoeléctrica Argentina conserve la posibilidad de asumir en el futuro la operación y el mantenimiento de la planta en condiciones de mercado, mientras que Meitner Energy abonará un canon por el uso de los terrenos.

Según la Secretaría de Asuntos Nucleares, este esquema no implica una privatización del sector, sino una nueva modalidad de asociación entre el Estado y los inversores privados. En un comunicado oficial, el organismo sostuvo que "el sector privado es concebido como un socio del Estado en la ejecución de los proyectos y no como una amenaza a su conducción", y agregó que el objetivo es superar un modelo en el que el desarrollo nuclear dependía exclusivamente de fondos públicos y financiamiento externo.

La iniciativa podría encuadrarse dentro del "Super RIGI", destinado a inversiones superiores a los US$1.000 millones. El nuevo régimen contempla, entre otros beneficios, estabilidad normativa, una reducción del impuesto a las ganancias hasta el 15% —frente a la alícuota general del 35%—, ventajas aduaneras y mayor disponibilidad de divisas. Todas esas medidas, sin embargo, solo entrarán en vigencia si el Senado aprueba definitivamente la ley.

El Poder Ejecutivo estima que el proyecto podría generar unos 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación de la central. Esa proyección también está condicionada a que la inversión finalmente se concrete.

El anuncio se produjo además en un momento especialmente sensible para el sector nuclear argentino. En los últimos días, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue escenario de protestas tras la no renovación de 61 contratos laborales. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un supuesto "desmantelamiento" del organismo, mientras que la conducción de la CNEA sostuvo que los contratos correspondían a personal incorporado en 2023 bajo modalidades temporarias y que la medida no alcanzó a ingenieros nucleares ni a personal técnico especializado.

En paralelo, el Gobierno también avanza con la apertura de Nucleoeléctrica Argentina al capital privado. El objetivo oficial es permitir el ingreso de inversores hasta un máximo del 44% del paquete accionario de la empresa que opera las tres centrales nucleares del país.

La iniciativa forma parte del Plan Nuclear presentado por la administración Milei a fines de 2024 como uno de los ejes de su estrategia energética. Por el momento, tanto el reactor como el Super RIGI siguen dependiendo de definiciones legislativas y regulatorias antes de transformarse en obras concretas.