ASUNCIÓN – El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llamó a los países del Mercosur a reforzar la cooperación regional para defender la democracia y sostuvo que la crisis que atravesó su país debe servir como una señal de alerta para toda Sudamérica.

Durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Paraguay, el mandatario denunció lo que definió como "intentos de desestabilización" contra su gobierno e instó a los socios del bloque a responder de manera coordinada frente a las amenazas a las instituciones democráticas.

"Cuando una democracia está amenazada, toda la región debe reaccionar. Todas las democracias están amenazadas: si golpean a una, nos golpean a todas", afirmó Paz.

El presidente también advirtió sobre el riesgo de que el continente se acerque a escenarios similares a los de la "Primavera Árabe", la ola de protestas que comenzó en 2010 en Medio Oriente y el norte de África.

"Presten atención, y lo digo con el máximo respeto pero también con la mayor firmeza: por causas externas nuestro continente se está transformando poco a poco en una especie de Primavera Árabe", sostuvo, al considerar que lo ocurrido en Bolivia debe ser una advertencia para toda la región.

Según Paz, "la seguridad de nuestras democracias en el hemisferio debe convertirse en una prioridad de nuestras naciones" y ningún país podrá afrontar por sí solo los desafíos actuales.

Las declaraciones llegan después de casi siete semanas de protestas y cortes de rutas que paralizaron gran parte de Bolivia. Las manifestaciones, iniciadas el 6 de mayo y finalizadas el 22 de junio, exigían la renuncia del presidente, acusado por los movimientos sociales de incoherencia en su gestión y de haber traicionado las expectativas de quienes lo llevaron al poder con el 55% de los votos en las elecciones de octubre pasado.

Las movilizaciones fueron encabezadas por la Federación de Campesinos Túpac Katari del departamento de La Paz, los productores de coca cercanos al expresidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana. En los momentos de mayor tensión llegaron a registrarse hasta 90 cortes de rutas simultáneos en siete de los nueve departamentos del país.

En el cuadragésimo cuarto día de conflicto, el gobierno alcanzó un acuerdo con los sindicatos de trabajadores y, pocas horas después, decretó el estado de excepción, autorizando el despliegue de las Fuerzas Armadas para despejar los bloqueos. La medida contribuyó a desalentar las protestas y favoreció el retiro gradual de los demás grupos movilizados.

Las consecuencias económicas fueron severas. Aunque todavía no existe un balance oficial, las cámaras de comercio exterior y de la industria estiman pérdidas de hasta 3.000 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Los bloqueos también provocaron serios problemas de abastecimiento, especialmente en La Paz, donde la escasez de alimentos, combustibles y bienes esenciales impulsó una fuerte suba de precios.

A más de una semana de la normalización de la red vial, el Ejecutivo enfrenta ahora demandas contrapuestas. Por un lado, crece la presión para identificar y sancionar a los responsables de los cortes. Por el otro, el gobierno abrió mesas de trabajo con las organizaciones sindicales para implementar los acuerdos alcanzados durante la crisis, entre ellos el compromiso de no impulsar acciones penales contra los dirigentes de las protestas.

Al cerrar su intervención en la cumbre del Mercosur, Paz agradeció además el respaldo que los países miembros expresaron hacia el gobierno boliviano durante el prolongado conflicto social.