CARACAS – A una semana del devastador doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que golpeó el norte de Venezuela —con especial impacto en Caracas, el estado de La Guaira y otras cuatro regiones—, la emergencia dejó atrás la fase más crítica de los rescates y entró de lleno en una crisis humanitaria sin precedentes.

El balance oficial ascendió a 2.295 muertos, después de que en las últimas 24 horas se confirmaran otras 300 víctimas fatales. Además, ya se contabilizan 11.267 heridos.

Las cifras fueron difundidas el miércoles 1 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien durante una conferencia transmitida por la señal estatal Venezolana también informó que hay 12.841 personas desplazadas.

En el operativo participan más de 4.000 rescatistas, que hasta el momento lograron sacar con vida a 6.461 personas. “La esperanza se mantiene intacta”, aseguró Rodríguez, al precisar que hay 189 edificios completamente destruidos y alrededor de mil estructuras con distintos niveles de daños.

En las últimas horas se registraron 782 réplicas. Aunque la frecuencia y la intensidad vienen disminuyendo, el titular del Parlamento advirtió que “la amenaza parece disminuir, pero no ha desaparecido” e instó a las personas que perdieron sus viviendas a inscribirse en la plataforma estatal Patria para acceder a subsidios y ser trasladadas de urgencia a hoteles de la capital.

Mientras las cifras oficiales describen un escenario dramático, las estimaciones independientes e internacionales plantean una catástrofe todavía mayor.

Un análisis experimental realizado por la NASA a partir de imágenes satelitales calcula que unos 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos en toda la zona afectada. Paralelamente, Naciones Unidas ya había advertido en los últimos días sobre la posible desaparición de unas 50.000 personas.

También existen fuertes cuestionamientos sobre el número real de víctimas. Médicos forenses y trabajadores humanitarios que participan en las tareas consideran que el saldo es considerablemente superior al informado por el Gobierno. Dos profesionales de la principal morgue de Caracas estimaron que la cantidad de fallecidos ya rondaría los 4.000.

Ante ese escenario, la ONU comenzó a prepararse para un agravamiento de la situación. “Previendo que la cifra pueda seguir aumentando, la ONU está adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres en coordinación con el Gobierno venezolano”, afirmó Gianluca Rampolla del Tindaro, coordinador residente del organismo en Venezuela.

Se trata del terremoto más letal que sufrió el país en el último siglo, muy por encima del sismo de julio de 1967, que dejó 245 muertos en Caracas.

Mientras las posibilidades de encontrar sobrevivientes se reducen con el paso de las horas, las autoridades enfrentan ahora el enorme desafío de recuperar e identificar los cuerpos en un país cuyas instituciones ya venían debilitadas por años de crisis económica.

La llegada masiva de cadáveres colapsó rápidamente la capacidad de las morgues de La Guaira, la zona más castigada. El pastor local Gerson Hernández relató que durante los primeros dos días decenas de cuerpos permanecían sobre cartones en el estacionamiento de un hospital, bajo el calor tropical, mientras familiares esperaban en largas filas con los restos de sus seres queridos.

Para centralizar las tareas, el Instituto Nacional de Medicina Legal trasladó las operaciones al sector de carga de un puerto local. Bajo enormes carpas, los médicos realizan las autopsias exigidas por la ley, asistidos por investigadores de la policía judicial, que fotografían los rostros y toman las huellas dactilares.

Fuera del perímetro de seguridad, los camiones continúan descargando ataúdes y largas filas de cuerpos permanecen alineadas sobre el suelo. Para conservar los restos mientras esperan ser identificados, las autoridades comenzaron a utilizar contenedores refrigerados habitualmente destinados al transporte marítimo de carne y otros productos perecederos.

Para quienes buscan a familiares desaparecidos, el proceso resulta especialmente doloroso. El peso de los escombros impide reconocer visualmente a muchas de las víctimas. Los especialistas recurren a la reconstrucción dérmica de las huellas digitales, mientras los familiares intentan identificar tatuajes, lunares, peinados o incluso detalles de la manicura. Solo en las morgues de Caracas ingresan entre 40 y 80 cuerpos por día, incluidos heridos que fueron rescatados con vida pero fallecieron posteriormente en los hospitales.

La saturación del sistema y la falta de recursos obligan a tomar decisiones cada vez más difíciles. Varias empresas funerarias privadas comenzaron a cobrar entre 400 y 850 dólares por una cremación, montos inalcanzables para la mayoría de la población. Aunque desde la morgue de Caracas aseguran que el Estado ofrece ese servicio de manera gratuita, el Gobierno ya evalúa la posibilidad de recurrir a fosas comunes si la cantidad de cuerpos supera la capacidad del sistema.

Frente a esa posibilidad, la Sociedad Venezolana de Infectología pidió a las autoridades que eviten los enterramientos masivos, al advertir que podrían favorecer la aparición de enfermedades infecciosas y, además, dificultar aún más la identificación de las víctimas, prolongando la incertidumbre y el sufrimiento de sus familias.