BUENOS AIRES – El debate en el Senado argentino del proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el gobierno de Javier Milei, estuvo acompañado por una de las movilizaciones espontáneas más multitudinarias de los últimos meses.

Miles de ciudadanos se autoconvocaron frente al Congreso para manifestarse contra la reforma, en particular contra el capítulo que habría eliminado gran parte de las restricciones para la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

La protesta, que comenzó alrededor de las 17, se prolongó durante más de cinco horas bajo una lluvia incesante.

La concentración continuó incluso después de que el Ejecutivo comunicara el retiro del apartado dedicado a la Ley de Tierras, en un intento por salvar el resto de la iniciativa y conseguir los votos necesarios en la Cámara alta.

La decisión llegó después de varios días de fuertes cuestionamientos. Según una encuesta nacional realizada por Zuban Córdoba y Asociados sobre 1.400 casos, el 77% de los argentinos considera que deben mantenerse los límites a esas operaciones, mientras que solo el 16,7% respalda la liberalización propuesta por la Casa Rosada.

Otros relevamientos también reflejaron un amplio desacuerdo: un estudio de DC Consultores mostró que el 53,2% de los habitantes de la provincia de Mendoza rechazaba el proyecto ante el temor de perder el control de los recursos estratégicos locales.

La oposición a la reforma también se hizo visible en el debate público y en las redes sociales, donde la consigna “La Patria no se vende” se convirtió en uno de los símbolos de la movilización.

Entre las expresiones que alcanzaron mayor repercusión estuvo la de la cantante Tini Stoessel, quien publicó en Instagram una fotografía de un paisaje argentino acompañada por la frase “La Patria no se vende”, que llegó a sus más de veinte millones de seguidores.

Su postura generó especial atención no solo por la cantidad de personas alcanzadas, sino también porque provino de una figura que no suele ser identificada con la oposición a Milei ni con los sectores políticos más críticos del oficialismo.

El mensaje de Stoessel contribuyó así a llevar el debate a un público generalmente ajeno a la confrontación política y amplió el alcance del rechazo.

De acuerdo con reconstrucciones de la prensa argentina, este factor habría provocado preocupación en la Casa Rosada, donde algunos colaboradores del Presidente mencionaron el impacto comunicacional de la publicación y hablaron de un “efecto Tini”.

Los cuestionamientos no provinieron únicamente de la oposición política, sino también de periodistas, artistas, deportistas, gobernadores y otras personalidades públicas.

Incluso el periodista Eduardo Feinmann, cercano a sectores libertarios, expresó dudas sobre la propuesta y recordó el antecedente histórico de Valle Hermoso, la localidad vendida por completo a privados que contribuyó, años atrás, a la aprobación de las restricciones sobre la propiedad rural en manos extranjeras.

Según reconstruyeron medios locales, dentro del propio oficialismo también comenzó a imponerse la percepción de que la medida se había vuelto políticamente impopular. Algunos integrantes del bloque libertario reconocieron bajo anonimato que la iniciativa estaba generando más problemas que beneficios, tanto por la creciente presión de la opinión pública como por las dificultades para reunir los apoyos necesarios en el Senado.

Finalmente, la Casa Rosada resolvió eliminar del texto todas las modificaciones a la Ley de Tierras, aunque mantuvo otras disposiciones consideradas estratégicas, entre ellas las relacionadas con las expropiaciones, los desalojos y la denominada Ley de Manejo del Fuego. Mediante este último cambio busca suprimir la prohibición temporal de transferir predios afectados por incendios, incorporada durante la gestión anterior.

El debate parlamentario también estuvo marcado por el pedido de la senadora peronista Juliana Di Tullio para excluir de la discusión al legislador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch, ante la existencia de un posible conflicto de intereses. El senador es socio gerente de una empresa dedicada a la gestión y comercialización de campos y, según sostuvo Di Tullio, habría tenido un interés económico directo en la aprobación de los cambios sobre la propiedad rural.

Mientras el Senado continuaba con el tratamiento de la iniciativa, la tensión aumentaba progresivamente en los alrededores del Congreso.

Según la versión oficial, algunos manifestantes intentaron superar las vallas colocadas por las fuerzas de seguridad y arrojaron objetos contra el cordón policial. Los efectivos respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los presentes y restablecer el perímetro de seguridad.

Sin embargo, numerosos videos difundidos en las redes sociales y los testimonios recogidos entre los participantes también muestran a ciudadanos atacados mientras se manifestaban pacíficamente y sin intervenir en los incidentes. En las imágenes se observa a personas de todas las edades, muchas de ellas ya protegidas de la lluvia bajo sus paraguas, tratando de esquivar los chorros de los hidrantes o de alejarse de las zonas alcanzadas por los gases irritantes.

Algunos de los presentes sostuvieron que fueron afectados por los agentes químicos cuando ya se estaban retirando de la plaza.

Entre los testimonios recogidos se encuentra el de una joven que participó de la movilización: “Estábamos con dos amigos y nos dirigíamos al subte para volver a casa cuando empecé a sentir un fuerte ardor en la garganta”, relató la mujer, quien debió pedir turnos con un oftalmólogo y un dermatólogo porque la reacción irritativa todavía no desapareció.

“Me di vuelta y, poco después, empezaron a arderme cada vez más los ojos —continuó—. Nos desplazamos, pero del otro lado también había gas. En un momento ya no podía ver nada. Me ardía la cara y me quedé paralizada porque no entendía dónde estaba. Seguí la silueta de un grupo de personas y logré entrar en un bar para refugiarme.”

El accionar de las fuerzas de seguridad se convirtió en uno de los aspectos más discutidos de la jornada. Mientras el oficialismo justificó el uso de elementos de dispersión como una respuesta a los momentos de tensión, numerosos ciudadanos, periodistas y observadores denunciaron que los hidrantes y los gases lacrimógenos también alcanzaron a personas que ejercían pacíficamente su derecho a manifestarse.

El operativo policial y la eliminación del apartado referido a la adquisición de campos por capitales foráneos terminaron por convertir una reforma económica en uno de los asuntos políticamente más delicados que debió afrontar hasta ahora la administración libertaria.