MANAGUA – El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzó con la reforma constitucional destinada a restringir la participación de la oposición y reveló que la iniciativa también contempla períodos presidenciales de siete años “renovables”, una fórmula que podría facilitar la continuidad de ambos en el poder.

El proyecto comienza a tomar forma después de que Ortega reclamara públicamente la aprobación de leyes para garantizar la permanencia del sandinismo y levantar un “muro” jurídico contra sus adversarios, como informó este medio.

Durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el 19 de julio, el copresidente aseguró que no volvería a permitir elecciones mediante las cuales la oposición pudiera llegar al Gobierno. Acusó a sus adversarios de actuar al servicio de Estados Unidos y de pretender apropiarse de los recursos públicos.

En ese momento, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó que el Parlamento y el Consejo Supremo Electoral habían comenzado a preparar las modificaciones legales, pero no brindó precisiones sobre su contenido.

Ahora, Porras presentó ante la Asamblea, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la exposición de motivos de la reforma. La propuesta establecería períodos presidenciales de siete años “renovables”, aunque el articulado completo todavía no fue publicado.

Por lo tanto, aún no se conoce si esa renovación requerirá una elección popular, una votación parlamentaria o alguna otra forma de ratificación. La ambigüedad abre la posibilidad de que Ortega y Murillo prolonguen sus cargos sin someterse a una competencia electoral efectiva.

El oficialismo también precisó el alcance de las inhabilitaciones políticas. La iniciativa impediría ocupar cargos electivos o por designación a quienes hayan ejercido tareas de dirección, financiamiento o participación directa o indirecta en las protestas de 2018, consideradas por el Gobierno como un intento de golpe de Estado.

La amplitud de esas categorías podría alcanzar a dirigentes, activistas, organizaciones civiles y personas que respaldaron las manifestaciones. Además, el Consejo Supremo Electoral recibiría facultades para cancelar candidaturas y retirar la personería jurídica de los partidos que incumplan las nuevas disposiciones.

Porras matizó posteriormente las declaraciones de Ortega y sostuvo que Nicaragua continuará celebrando elecciones, aunque sin la participación de quienes las autoridades califiquen como “golpistas”, “vendepatrias” o vinculados con intereses extranjeros.

También cambió el cronograma anticipado inicialmente. La reforma ya no llegará al recinto durante la primera semana de agosto.

Murillo informó que ese mes estará destinado a una ronda de consultas con instituciones estatales, sectores económicos, iglesias, universidades, organizaciones sociales y comunidades indígenas y afrodescendientes. El proceso comenzó con una presentación ante el cuerpo diplomático acreditado en Managua y continuará hasta finales de agosto.

Después, una comisión especial elaborará el dictamen para someterlo a una primera votación durante los primeros días de septiembre. Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá recibir una segunda aprobación legislativa, prevista para enero de 2027.

La Asamblea Nacional se encuentra ampliamente dominada por el FSLN, por lo que la iniciativa no enfrentaría obstáculos parlamentarios relevantes.

Ortega regresó a la Presidencia en enero de 2007 y fue reelegido en 2011, 2016 y 2021. Una sentencia de la Corte Suprema habilitó inicialmente su candidatura pese a los límites constitucionales y, en 2014, una reforma eliminó las restricciones a la reelección.

El deterioro de la competencia electoral se profundizó antes de los comicios de 2021, cuando las autoridades encarcelaron a siete posibles candidatos presidenciales, ilegalizaron partidos y apartaron a los principales adversarios del Gobierno.

En 2025, otra modificación de la Constitución amplió el período presidencial de cinco a seis años, concentró mayores atribuciones en el Ejecutivo y convirtió a Murillo, hasta entonces vicepresidenta, en copresidenta.

La nueva propuesta volvería a extender la duración de los mandatos apenas un año después y elevaría al rango constitucional mecanismos de exclusión política que ya se aplicaban mediante leyes ordinarias. Su alcance definitivo se conocerá cuando la Asamblea publique el articulado completo.