BUENOS AIRES - El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó incorporarse al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal, una decisión que generó polémica por producirse en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y a pocos días de la presentación de su declaración jurada patrimonial.
La adhesión fue realizada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se conoció apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, realizara el mismo trámite. Desde el Gobierno buscaron despegar la decisión de cualquier intento de regularización patrimonial y aseguraron que se trata únicamente de una herramienta administrativa que simplifica la presentación de declaraciones impositivas.
El régimen simplificado forma parte del paquete de medidas contempladas en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una norma impulsada por el oficialismo que busca reducir controles considerados excesivos por el Gobierno y facilitar el cumplimiento tributario. Entre otros cambios, permite que determinados contribuyentes queden exceptuados de informar en detalle su patrimonio y sus consumos personales al momento de presentar el Impuesto a las Ganancias.
La controversia radica en que la adhesión de Adorni ocurre mientras la Justicia analiza la evolución de su patrimonio. Aunque especialistas y fuentes oficiales coinciden en que el régimen no tiene efectos sobre causas penales por enriquecimiento ilícito ni bloquea investigaciones judiciales, la oposición considera que su utilización por parte de funcionarios públicos envía una señal equivocada en términos de transparencia.
Las críticas no tardaron en llegar. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto para excluir de los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal a funcionarios, magistrados, legisladores y sus familiares directos. La iniciativa busca impedir que quienes ocupan cargos públicos puedan acceder a mecanismos de simplificación o regularización tributaria mientras ejercen funciones en el Estado.
Otros referentes opositores también cuestionaron la decisión. Desde la Coalición Cívica advirtieron que la normativa podría favorecer a personas con posiciones de poder, mientras que dirigentes radicales reclamaron que Adorni avance cuanto antes con la presentación de su declaración jurada para despejar las dudas sobre el origen y crecimiento de su patrimonio.
Desde la Casa Rosada rechazaron los cuestionamientos y sostuvieron que la adhesión al régimen simplificado no implica un blanqueo de capitales ni la exteriorización de fondos no declarados. Según explicaron, el sistema permite que ARCA confeccione una declaración fiscal precargada, reduciendo trámites y cargas administrativas para el contribuyente.
Sin embargo, la coincidencia entre la adhesión de Adorni y la de su esposa, sumada a las investigaciones judiciales en curso, volvió a poner bajo la lupa una de las leyes tributarias más defendidas por el Gobierno y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la transparencia para los funcionarios públicos.
